Un estudio sociojurídico, elaborado por la Fundación Derecho y Discapacidad por encargo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aflora las necesidades no atendidas de las familias que tienen en su seno a personas con discapacidad.
Según la investigación, desplegada por Gloria Álvarez Ramírez, patrona coordinadora de la Fundación Derecho y Discapacidad y colaboradora del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la familia es una pieza relevante en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, especialmente de los niños y niñas con discapacidad y de las personas que requieren apoyos permanentes.
Es el entorno familiar el que proporciona apoyos estables y continuos a la persona con discapacidad, que ante reales condiciones de desventaja y menor igualdad de oportunidades frente al resto de población, suele depender en mayor grado o por más tiempo de su familia, que compensa o mitiga las necesidades de toda índole a las que debe hacer frente la persona en su proceso vital.
En España, país de arraigada tradición familiar y de un modelo limitado de políticas familiares desarrollado por el Estado, la institución familiar ha desempeñado un papel esencial en la recepción y atención a las situaciones de discapacidad. Tradicionalmente ha sido la familia la que ha venido procurando la cohesión y protección de sus miembros con mayores dificultades de inclusión. Sin embargo, la omnipresencia de la familia como institución fundamental para la articulación social ha sido ampliamente ignorada en el orden jurídico, social y económico, afirma la investigadora.
Las familias con miembros con discapacidad constituyen un grupo poblacional con necesidades y demandas propias que no suelen atenderse adecuadamente, puesto que se priorizan las actuaciones dirigidas directamente a las personas con discapacidad, pero no existe una consideración específica respecto de sus familias.
La identificación de las necesidades y demandas de las familias con miembros con discapacidad es indispensable, por al menos dos motivos. El primero tiene que ver con el conocimiento de la realidad de esta porción de población, la cual viene siendo ignorada y, por consiguiente, excluida como parte esencial en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad.
Una segunda razón se refiere a la conveniencia de reflexionar sobre la orientación de las políticas y estrategias públicas de cara a proponer medidas de mejora de diferente tipo que constituyan una verdadera y ambiciosa política de apoyo a la familia que fortalezca su posición y la de todos sus miembros, incluidos aquellos con discapacidad, que por su situación, requieren más atención y apoyos para garantizarles que sus proyectos de vida se realicen en igualdad de oportunidades que el resto de la población.
Puede consultar el estudio completo en el siguiente enlace.