20 Junio, 2018

Aprobado el Proyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad de Aragón

Aprobado el Proyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad de Aragón
Aragón está a un paso de convertirse en la primera comunidad autónoma del Estado en tener una norma propia que promueve los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.El objetivo de esta ley, en cuyo proyecto ha participado Fundación DFA y que ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, es impulsar una sociedad inclusiva y accesible, “garantizando que, tanto el marco normativo vigente como las actuaciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad, las sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos y se eliminen los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos”.Desde el gobierno de Aragón Se incide especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomenta la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad.El CERMI, por su parte, espera que su tramitación en las Cortes de Aragon “sea ágil para que se pueda aprobar en esta legislatura. Desde nuestra entidad colaboraremos en aportar todo lo que necesitamos y tener una ley pionera en Aragon para las personas con discapacidad”.El Proyecto de Ley se estructura en trece títulos: igualdad de oportunidades y no discriminación, atención integral, salud, educación, formación y empleo, servicios sociales, cultura, turismo y otras actividades, autonomía personal, tecnologías e investigación, protección jurídica, medios de comunicación social y publicidad, gobernanza en materia de personas con discapacidad y régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. En este último apartado, se establecen infracciones leves, graves o muy graves, que serán sancionadas con multas de 301 a 1.000.000 de euros (grado máximo), dependiendo de la gravedad de la infracción.