Reformado el concepto de ‘Capacidad Jurídica’ de las personas con discapacidad


Jun 9, 2021

Abogado de Fundación DFA atendiendo a una persona con discapacidad
El pasado 3 de junio se publicaba en el BOE la Ley 8/2021 de 2 de junio, que adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en varios aspectos.
La modificación principal se produce en el concepto de ‘capacidad jurídica’, ya que se pretende establecer un sistema de salvaguardas y apoyos que posibiliten el ejercicio de dicha capacidad jurídica y el ejercicio de los derechos respetando la voluntad y las preferencias de la persona.
Estos cambios suponen, por ejemplo, la desaparición de los conceptos de incapacidad, patria potestad prorrogada o la patria potestad rehabilitada, ya que se entiende que las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos a través de apoyos. De este, el modelo pasa a centrarse en el respeto a la voluntad de la persona con discapacidad, potenciando que esta voluntad se pueda llevar a cabo y entendiendo su capacidad jurídica como un elemento fundamental asociado a su condición de persona.
Los apoyos a las personas con discapacidad incluyen actuaciones de todo tipo, como el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegada. Si el apoyo no puede darse de otro modo, éste podrá concretarse en la representación de toma de decisiones.
Esta norma entrará a los 3 meses de su publicación en el BOE, esto es, el 3 de septiembre de 2021, fecha a partir de la cual las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad o de su ejercicio quedarán sin efecto.
¿Y qué sucederá con las incapacitaciones ya concedidas? La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud.
Si no hubiera existido dicha solicitud, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de 3 años.