Accesibilidad

 

¿Un inquilino con discapacidad puede efectuar obras de adaptación en la vivienda arrendada?

Sí, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, en contratos recientes y también anteriores a 1985, el arrendatario con discapacidad, previa notificación escrita al propietario, podrá realizar en la vivienda las obras que sean necesarias (cambiar una bañera por un plato de ducha, por ejemplo) para adecuar ésta a su condición o a la de su cónyuge o la persona con la que conviva, incluyendo sus familiares. Es decir, que en posesión del certificado de minusvalía, enviando previamente carta certificada o burofax con acuse de recibo, el inquilino podrá realizar las obras a su costa. Ahora bien, al acabar el contrato el arrendador podrá exigir la reposición de los elementos adaptados a su situación anterior.

 

¿Qué tengo que hacer para solicitar la reserva de aparcamiento cerca de mi casa o trabajo?

La reserva podrá ser promovida por demanda individual, colectiva o de oficio. Se solicita al Ayuntamiento por medio de instancia general, modelo 900. Al cursarse la demanda, el servicio competente lo deriva a la Policía Local que elabora un informe y, en base a ese estudio, se decide si se concede o no. El Consistorio tendrá en cuenta, a la hora de concederla, que se sitúe en un espacio donde esté permitido el estacionamiento, que satisfaga una necesidad personal junto al domicilio o lugar habitual de trabajo, habiendo de acreditarlo en este caso y subrayando que en el edificio en cuestión no haya estacionamiento o garaje; o, por último, que satisfaga una importante demanda en una zona concreta. Ninguna, ni la promovida por demanda individual, tendrá carácter exclusivo y estará a disposición de quien cuente con la tarjeta de permiso especial de estacionamiento.

 

¿Quién puede solicitar la eliminación de barreras en su comunidad de vecinos?

Aquellos que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33%, o las personas mayores de 70 años.

 

¿Qué mayoría se requiere para suprimir barreras arquitectónicas en un edificio?

Como establece la Ley de Propiedad Horizontal, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda habiten, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, estará obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias, incluyendo la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que se precisen, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes de toda la comunidad, bastando la simple solicitud de la persona con discapacidad o mayor de setenta años.

En caso de superarse el límite de tres mensualidades, en cuanto a la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios que tengan por finalidad la eliminación de barreras, será necesario el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación, incluso aunque supongan la modificación del título o de los estatutos.

 

¿Puedo hacer uso de mi Tarjeta de Estacionamiento cuando me desplazo fuera de mi localidad de residencia?

Si, pero con ciertas peculiaridades.  Si la tarjeta que se posee se ha expedido de conformidad al modelo comunitario, se puede utilizar la misma para estacionar en plazas de reserva para personas con discapacidad  en todos los estados miembros de la Unión Europea, pero con las especificaciones que establezca cada Ayuntamiento en esta materia, que son diferentes de uno a otro, y que habrá que consultar con anterioridad al viaje para evitar multas inesperadas.

 

¿Cuándo acaba el plazo de eliminación de barreras de edificios públicos en Aragón?

El 15 de junio de 2009 se cumplió el límite de diez años para la adaptación de la edificación pública que estableció el Decreto 19/1999 al desarrollar la Ley 3/1997, reguladora de la accesibilidad arquitectónica en Aragón.

 

¿Qué es la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad?

Es un documento que acredita determinados derechos especiales a sus titulares y que se concede solo a aquellas personas que estando en posesión del certificado de minusvalía además presentan dificultades graves o muy graves para el acceso y el uso del transporte público. Se solicita en el Ayuntamiento donde se esté empadronado y el plazo de validez es de 10 años si el certificado es permanente.